Pilar de Lara, una magistrada menuda y de maneras suaves, llegó en 2007 al Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo y encontró una causa de la que nadie quería oír hablar. Trataba sobre un cabo de la Guardia Civil que, a cambio de favores bajo las sábanas, ofrecía a prostitutas brasileñas pasar por alto su situación irregular. De Lara, con 37 años entonces, venía de bregar en un juzgado de Mieres con el narcotráfico y casos como el de Trashorras, el exminero responsable de los explosivos del 11-M. Lugo parecía un destino tranquilo, una melancólica capital de provincia con una pertinaz lluvia desdibujando las murallas romanas.

De Lara interrogó a centenares de prostitutas, ordenó escuchas a sus clientes y registró comisarías. Levantando piedras, encontró un trazo escalofriante: una red de corrupción que desde los burdeles se extendía por la columna vertebral de Galicia como un sarcoma. La juez averiguó que mandos policiales hacían la vista gorda ante los abusos del proxeneta del Queen's (los fundamentos del llamado caso Carioca); y desde ese mismo prostíbulo dio con una pandilla de empresarios que, sabiendo que jugaban en terreno seguro, se vanagloriaban de tener alcaldes a sueldo para conseguirles contratos y favores (la Operación Pokémon). Las pesquisas de De Lara están extendiéndose ahora a Asturias y Cataluña (Operación Manga). En total, más de un centenar de imputados por delitos de trata, abusos sexuales, tráfico de drogas, blanqueo, malversación, sobornos... Algunos de la talla de los alcaldes de Lugo, Santiago y Ourense o el jefe de Policía Municipal de esta última localidad.

El premio a la osadía de esta juez ha sido vivir aislada y rodeada de imputados que le han declarado la guerra. Amenazas, ataques políticos y confabulaciones policiales se han sucedido para intentar que De Lara abandone la ciudad.

El patrón suele repetirse: un juez recién llegado empieza a escarbar en lugares en los que no pasaba nada porque nadie removía nada. Pero resulta que sí había algo. Entonces el togado se convierte en el enemigo. Los más expuestos a estas presiones del entorno son magistrados de base que trabajan apoyándose en pocos medios y muchas tripas. Jueces que no responden a un perfil ideológico y que pueden ser tanto veteranos como bisoños. Individuos aislados que, cada uno desde su rincón del mundo, están poniendo al descubierto la corrupción que inunda todos los estamentos de un país: de sus burdeles a sus palacios.

Más detalles sobre cómo se llega a tener una ciudad en contra. El acoso empezó por las prostitutas que declararon ante la juez. Mensajes de matones: "Márchate de Lugo o la poli irá a por ti". De Lara, implicada con las mujeres hasta el punto de avalarlas a la hora de encontrar empleo o residencia, se esforzó para que ninguna se echara atrás. Luego las amenazas llegaron a ella y a su hija. Con la policía tampoco puede trabajar después de haber imputado a parte de su cúpula; por eso se apoya en la Guardia Civil de fuera de la provincia. Un agente confesó que le habían ofrecido 22.000 euros por demandar a la juez, y los foros policiales de Internet están llenos de insultos hacia De Lara y la otra magistrada decidida a limpiar Galicia, Estela San José, responsable de la Operación Campeón y a la que la presión sobre su vida privada ha llevado a un traumático divorcio y a querellas contra agentes. Incluso la Confederación Española de Policía denunció manejos para presionar a De Lara y boicotear su investigación. Los políticos tampoco se han quedado cortos al acusarla de contemporizar con la intención de que las imputaciones más sonadas coincidan con citas electorales. El PSG se agarra a la única mácula que presenta el historial de independencia de De Lara: su matrimonio con Roberto Menéndez Mato, miembro del PP local, al que conoció en Asturias. En la Audiencia provincial a la juez tampoco le sobran aliados. Las presiones han sido tan acusadas que en 2011 un grupo de ciudadanos de Lugo (incluidos simpatizantes del 15-M e IU poco sospechosos de connivencias con el PP) organizaron una manifestación en apoyo de De Lara y San José.

Para no dejar flancos expuestos, la juez se ha construido una vida monacal: ida y vuelta de casa al trabajo en sesiones hasta la madrugada, aunque tenga la gripe A o por la fatiga llegue a desvanecerse. La prensa local la vigila hasta el punto de señalar que abusa del Red Bull en sus jornadas maratonianas. A ella esas intromisiones le molestan. En parte porque lo que de verdad le gusta es el té y en parte porque rehúye a los medios. Las únicas declaraciones que se le conocen se encuentran en un reportaje en el que pedía más medios para los juzgados. Hay quien sospecha que esa falta de recursos no es casual y que no hay demasiado interés en equiparla para investigar. En su juzgado se ha visto a funcionarios adelantar el dinero del tóner de las impresoras, en gran medida porque es una mujer cuya dedicación se aprecia. En su círculo de fieles, aparte de su amiga San José, destacan dos agentes de la Guardia Civil y una secretaria judicial. Ellos son su escudo contra la presión.

Porque la presión es la clave. "El miedo social hace que algunos jueces prefieran dedicarse a perseguir solo delitos de perfil más bajo. Eso genera una forma de corrupción". Lo dijo en una conferencia en 2008 Miguel Ángel Torres, instructor del caso Malaya, la mayor operación contra la corrupción en España. Torres ahora dirige procesos rutinarios en un juzgado de Granada. El magistrado ha confesado a sus íntimos haberse sentido solo durante fases de la Malaya en las que se le señalaba a él como el enemigo en lugar de a los saqueadores de Marbella. Torres, un hombre impenetrable, siente que los jueces, fiscales y policías que investigan a personalidades con contactos se encuentran desprotegidos por el Estado ante la presión ambiental. Según quienes le conocen, es especialmente crítico con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y las instancias judiciales cercanas al poder político.

A mayor contenido político, más presión. Y no solo proveniente de los implicados. Lo sabe Josep Maria Pijuan, instructor del caso Palau, el expolio de una de las mayores instituciones culturales de Cataluña a manos de su gestor, Félix Millet. Algunos medios revelaron que Pijuan, al poco tiempo de ser nombrado instructor del caso, recibió subvenciones de la Generalitat a través de una fundación que dirigía. La información sembraba la sospecha de que el dinero sirviera para que el magistrado no investigara con demasiado brío, pero los hechos no han sustentado este temor. Los indicios sobre la vertiente política del caso --el pago de comisiones de Ferrovial a Convergència a través del Palau-- se han asentado durante la instrucción de Pijuan, que ha impuesto una fianza de 3,2 millones al partido dominante en Cataluña.

El caso de este juez es peculiar: no llegó y se encontró una sorpresa, sino que fue a buscarla. Pijuan, un hombre de 60 años que se dice abiertamente de izquierdas y muy catalanista, llevaba una existencia plácida en la Audiencia Provincial de Barcelona, pero pidió la plaza en cuanto quedó vacante el juzgado 30, el que investiga el saqueo del Palau. Su vuelta a las trincheras en 2011 ha impulsado la investigación después de que su antecesor, Juli Solaz, fuera criticado por su lentitud. Pijuan es dueño de una fuerte personalidad, pero exhibe un carácter abierto que en alguna ocasión le ha generado problemas por su franqueza ante los micrófonos. Su temperamento incisivo (hay quien dice inquisitorial) en los interrogatorios también es célebre.